Campesina de 46 años, falleció víctima de la política de criminalización de la protesta social implementada por el gobierno de Alan García. Fue asesinada por efectivos de la Policía Nacional el 16 de noviembre de 2008, cuando rechazaba, junto con otras mujeres y varones del distrito de Lastay (provincia de Concepción, Región Junín) la instalación de una planta de tratamiento de residuos sólidos en esa comunidad, en defensa de la vida y la salud de pobladoras y pobladores.
Por su valentía y consecuencia, Doris Mendoza fue declarada mártir y defensora del medio ambiente por la Municipalidad de Concepción.
Sus compañeras nunca olvidarán su ejemplo, que guiará a presentes y futuras generaciones de líderes sociales, y persisten en la demanda de sanción a los criminales.
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